Tenía una amiga cuyo padre, ingeniero de profesión, gustaba de "torturarnos" planteándonos problemas aparentemente absurdos solo para concluir que debíamos mejorar lo que él denominaba, nuestro "pensamiento matemático".
El problema "freír el huevo" nos sacaba de quicio. La cosa era que él nos daba como punto de partida el siguiente enunciado (más o menos, cito de cabeza):
Tenemos que freír un huevo, para ello sacamos el huevo de la nevera, el aceite de la alacena y la sartén del cajón. Procedemos a freírlo, pero ¿qué ocurriría si la sartén en lugar de en el cajón, estuviese en otra habitación?
Mi amiga y yo, cándidas como nosotras solas, respondíamos sin dudar: pues iríamos a la habitación y cogeríamos la sartén.
Entonces su padre se reía: "¡ay!" nos decía, "tendríais que colocar la sartén en el cajón y remitiros al problema ya resuelto anteriormente".
No tengo muy claro por qué recuperé este recuerdo cuando asistí boquiabierta al devenir de los acontecimientos en el asunto de los titiriteros que toda España y hasta el Financial Times conoce. Tampoco, por qué para explicar lo que pienso a este respecto me viene a la cabeza el Cupo vasco.
Pensarán todos ustedes que tengo un cerebro un tanto caótico que mezcla huevos, sartenes, titiriteros y sistemas de financiación autonómica, sin ton ni son. Puede que tengan razón, pero voy a tratar de explicarme y si después de hacerlo, no logro parecer racional, será momento de preocuparme.
La primera noticia que tuve del asunto "titiriteros" fue a los pocos minutos de producirse, a través de un tuit de el periódico El País. En las horas y días siguientes pude ampliar la información leyendo resúmenes de al menos dos periódicos diferentes más y varias agencias de noticias. El asunto era una cadena de desastres. La bola de despropósitos iba creciendo sin control y amenazaba con llevarnos a todos por delante, o así me lo pareció.
Entonces pensé en la sartén y el huevo.
Veamos, tenemos unos artistas insensatos, un administrador público negligente y un juez que puede aplicar medidas preventivas durísimas si equivoca el diagnóstico porque una legislación muy contestada le permite hacerlo. Una combinación explosiva.
De esos tres elementos, ¿cuál sacaría de la ecuación para evitar el desastre si solo pudiera eliminar una variable?
Para mi estaba claro cuál era el único problema: se había contratado, publicitado y representado con dinero público una obra con aspectos muy violentos, ante niños de corta edad. Nada más pero tampoco, nada menos.
Era, por así decirlo, un problema administrativo. Un administrador público había hecho mal su trabajo: no había verificado (pretender que hayan visto cada obra que contratan me parece una barbaridad, pero al menos consultar la web de los artistas para poder ver que ellos mismos no incluían la obra dentro del apartado infantil) con la diligencia esperable, lo que contrataba.
Este fallo del administrador sumado a la poca prudencia de unos artistas que no suspenden su actuación al ver que su público es diminuto, acabó con sus huesos en la cárcel por lo que estoy segura será un error judicial que el propio sistema enmendará, espero y deseo de corazón, muy pronto.
Para mi era meridiano. Dimisión del responsable, aclaración de que el único error era suyo y tratar cuanto antes de desfacer el entuerto judicial.
En lugar de eso, hemos asistido a un fenómeno curioso y a mi juicio, triste.
Como decía Roy en Blade Runner:
Pues nosotros hemos visto transformarse un caso de mala gestión en una lucha entre derechos fundamentales y miedos atávicos.
Hemos asistido a querellas por enaltecimiento del terrorismo, insinuaciones de prevaricación, llamamientos a defender la democracia, acusaciones de dictadura...
Y yo me decía incrédula: ¡no, no, si solo es una señora que ha hecho mal su trabajo! Llevemos la sartén al cajón y resolvamos un problema que sí sabemos resolver. Un problema que el sistema resuelve cada día y mejoremos con ello la calidad de los servicios públicos que se prestan al ciudadano.
Pensarán que soy una ingenua y que tengo demasiada fe en el sistema. Pues no lo creo. Si consultan esta sentencia y esta otra que ratifica la anterior, verán que afortunadamente, hay razones muy sólidas para esperar una correcta resolución del grave error cometido.
Por eso, todas las sobreactuaciones lejos de ayudar a nada, perjudican. No mejoran la democracia ni nos hacen vivir en una sociedad más segura. Solo enfrentan y son aprovechadas por quienes desean discutir sobre lo irresoluble perjudicando, en muchas ocasiones, la resolución de los problemas del día a día.
El Ayuntamiento de Madrid se tiene que pasar el día dando explicaciones y ambas partes lo atacan. Unos por no defender a los "suyos" con el suficiente "coraje". Otros por encubrir a los "suyos" en detrimento del "resto".
Últimamente me dan ganas de declarar a Carmena "Alcaldesa Protegida".
Y por eso, todo este asunto me recuerda tanto al Cupo Vasco.
Cuando escuchamos esas dos palabras suele haber dos tipos de reacción:
1) la de los que piensan en derechos históricos y en "ni se te ocurra tocar mis derechos, ¡so centralista!"
2) la de los que piensan en la "desigualdad entre españoles y el egoísmo de las regiones más ricas, ¡so insolidario!"
Bueno, pues realmente el problema no es la existencia del Cupo Vasco. El problema es: ¡el cálculo del cupo!
Si tuviéramos un sistema de arbitraje eficaz que permitiera solventar las diferencias entre las dos administraciones (central y autonómica), el Cupo, (o cantidad que la CCAA debe transferir al Estado una vez que ha pagado los servicios públicos que presta a los ciudadanos) se revisaría y actualizaría y ni ustedes ni yo tendríamos posiblemente noticia.
Cuando la administración funciona, ni nos damos cuenta. Pero no, resulta que cuando la CCAA y el Estado no están de acuerdo en el montante del cupo o toca revisar su cálculo, pues... ¡ajo y agua, amigos! porque el arbitraje depende de la Comisión Mixta del Concierto Vasco, compuesta a partes iguales por representantes vascos y estatales y cuyas decisiones se deben aprobar por unanimidad. UNANIMIDAD. Y como eso no ocurre (¡sorpresa!) pues se sigue prorrogando el existente.
Y así es como se transforma un problema contable y administrativo, en un asunto de derechos históricos y agravios comparativos, que inflama los corazones y cabrea a la gente.
Y llegados a este punto, creo haber demostrado, cómo lograr que un problema localizado y manejable, sea una cosa monstruosa, difícil y sobre todo que polariza y enfrenta a la sociedad.
Un problema que pasa de las manos de los funcionarios y administradores, a las de los políticos interesados y las personas corrientes.
Juzguen ustedes mismos si es racional o una locura lo que mezclo y propongo, pero antes de ser severos, lean este artículo de Víctor Lapuente y tengan en cuenta que he aplicado, a todos los intervinientes, el beneficio de la duda y la suposición más benévola.
No hay maldad, tan solo imprudencia, negligencia o error humano.
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